Tras los nuevos plazos de garantía en los productos; los comercios, fabricantes, así como responsables de servicios digitales deben cumplir con la nueva normativa de Consumo con respecto a las garantías que refuerzan la posición de los consumidores en España.
A partir del 1 de enero de 2022 el plazo de garantía de los productos pasa de 2 a 3 años para todos los productos que sean vendidos a partir del 1 de enero de 2022. Además; los fabricantes deberán asegurar a los consumidores las piezas de repuesto de sus productos durante un plazo no inferior a 10 años, y no durante 5 como hasta ahora, por lo que son buenas noticias para los consumidores.
La ampliación del plazo de disponibilidad de los repuestos hasta 10 años, facilitará el cambio hacia una sociedad de consumo más sostenible apostando por una mayor durabilidad y devaluación anticipada de los productos.
Mayor garantía, más derechos.
Hasta ahora los bienes de consumo tenían una garantía legal de dos años. Y los fabricantes estaban obligados a garantizar el aprovisionamiento de piezas para su reparación durante un plazo de al menos 5 años posteriores a que el bien dejase de fabricarse.
Cuando el bien no dure el tiempo que fue establecido en el contrato de compra, el usuario tendrá derecho a reclamar la reparación o sustitución del bien.
Además de esto, todas las medidas comerciales que se incluyan en la publicidad o folletos que anuncie el producto. Primarán frente a la garantía legal; si estas son más beneficiosas para el consumidor o usuario.
¿A quién debo acudir si se estropea un bien durante los primeros 3 años?
En primer lugar, el comprador deberá acudir al vendedor que le suministró el mismo en el momento de la compra, que es quién debe solventar nuestro problema en primera instancia. En el caso de que esto no fuera posible, el comprador deberá dirigirse al fabricante del bien. Recordando que este no asumirá reducciones en el precio ni tampoco reembolsos del gasto de compra.
¿En qué casos se puede solicitar un reembolso total o parcial?
Si después de realizarnos varias reparaciones o sustituciones del bien, la avería continúa o no termina de solventarse, el consumidor está en su derecho de reclamar la resolución del contrato. Y el reembolso total de la compra o una parte de la mísma si el fallo afecta sólo a una parte de las funciones propias del producto.
El usuario además podrá acogerse al derecho de suspender los posibles pagos pendientes del bien o servicio contratado. Hasta que el problema cese o la empresa cumpla con las obligaciones acordadas en el momento de la adquisición.
Además el consumidor o usuario tendrá derecho a recuperar los contenidos digitales que hubiese creado al utilizar los contenidos o servicios digitales sin cargo algun. Sin que el empresario pueda interponer impedimento alguno, en un plazo que sea razonable y en un formato utilizado habitualmente y que pueda ser legible electrónicamente.
Régimen aplicable de las medidas correctoras para la puesta en conformidad del producto.
-Serán gratuitas para el consumidor o usuario. Comprenderá los gastos necesarios en que se incurra para que los bienes sean puestos en conformidad, incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra y materiales que sean necesarios.
-Tendrá que llevarse a cabo en un plazo razonable desde que el empresario recibe la comunicación del consumidor o usuario de la falta de conformidad del mismo.
-Deberá realizarse con la mayor diligencia posible, sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario habida cuenta de los inconvenientes surgidos en los bienes o servicios digitales y para con la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.
-El consumidor o usuario no será responsable de ningún pago extra por los bienes sustituidos.
Ampliación de la carga de la prueba.
Otra novedad de los nuevos plazos de garantía en los productos destacados para los consumidores y usuarios es la relativa a la carga de la prueba, pues se amplía de 6 meses hasta los 2 años el período en que el consumidor no necesita poner de manifiesto la conformidad con el producto. El comprador solo deberá demostrar que el bien adquirido no se ajusta a lo acordado; por lo que se dará por hecho que los defectos ya existían en el momento de la entrega.
Segunda mano
En el caso de los bienes de segunda mano, tras los nuevos plazos de garantía en los productos; la normativa mantiene que consumidor y usuario podrán llegar a un acuerdo y pactar una duración determinada del plazo de garantía, que nunca podrá ser inferior a un año.
Ante la aplicación de esta nueva normativa, de igual forma también se amplía el plazo de tres a cinco años respecto a la prescripción para ejercer los derechos que el consumidor tiene cuando el producto presente alguna tara o defecto y se produzca disconformidad.
La modificación de la norma amplía el plazo de inversión de la carga de la prueba de seis meses a dos años para acreditar la falta de conformidad por parte del consumidor o usuario.
Derechos y garantías de contenido y servicio digital.
Esta reforma de la ley ; tras los nuevos plazos de garantía en los productos, recoge nuevas garantías para los usuarios ante el gran auge del comercio online, incluyéndose la contratación de contenidos y servicios digitales; tales como: el contrato de servicios digitales: programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas, para los cuales se establece un período de garantía de 2 años.
¿La extensión del plazo de garantía se traducirá en un aumento en los precios actuales?
La respuesta es… Sí, tras los n uevos plazos de garantía en los productos, el aumento de la garantía legal, junto con la obligación de los fabricantes de suministrar las posibles piezas dañadas durante un plazo no inferior a 10 años, finalmente vendrá de la mano de una subida de precios palpable de los mismos; que repercutirá directamente sobre los consumidores y usuarios.
Con esta nueva medida se pretende garantizar que los bienes y servicios que se comercializan en nuestro país cuenten con un alto nivel de seguridad, calidad y durabilidad, reforzando con ello la protección de los consumidores.
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